Creada por Resolución (CS) Nº 6696/01
Acreditada y categorizada “Bn” (Muy Bueno-Nueva) por la CONEAU. Resolución Nº 356/04.
El programa tiene una fuerte orientación interdisciplinaria ha sido diseñado para estudiantes con un título de abogado o de economista o de otras ciencias sociales que tengan una formación apropiada. Los participantes del programa trabajarán en temas comunes de investigación estimulando de esta manera la discusión interdisciplinaria de los métodos de investigación. El programa está basado en una primera parte en cursos y en seminarios que permiten a los estudiantes a familiarizarse con las disciplinas necesarias para poder redactar una tesis sobre derecho y economía. Son una introducción a los conceptos centrales del análisis económico del derecho y sobre las más recientes investigaciones sobre el tema por parte de economistas y de juristas. Los seminarios permiten un estudio más detallado sobre algunos puntos, en ellos se insiste en un enfoque dialógico con insistencia en la participación activa de los estudiantes. En los seminarios los estudiantes tendrán acceso a conferencistas visitantes
Las actividades académicas de apoyo a la preparación de la tesis incluyen cursos de Metodología de la Investigación así como un taller de tesis. Ellas están dirigidas a la colaboración en las investigaciones individuales por alumnos para la redacción de sus tesis.
La maestría se compone de cuatro semestres en los cuales se realizarán cursos y seminarios. Durante el último cuatrimestre se realizarán los talleres de tesis. Existirán tres talleres según la orientación elegida para la maestría, los que se refieran al análisis económico en el derecho público, los relativas al análisis económico del derecho privado y los dedicados al derecho económico internacional. La Tesis debe ser un trabajo original basado en alguno de los temas expuestos en el curso y debe tener una extensión no menor de( 100 ) cien páginas.
Fundamentación: el derecho y la economía interactúan en una variedad de temas. El derecho privado regula los acuerdos concluidos entre los individuos o grupos dentro de una economía de mercado y el derecho público intenta corregir algunas de las consecuencias del sistema de mercado a través de la regulación de la economía y de la sociedad. Pero los resultados obtenidos pueden ser diferentes de los esperados por el legislador. La manera de evitar este tipo de fracasos es que los economistas conozcan el ambiente normativo en el que se desarrollan las actividades económicas, y al mismo tiempo, los juristas sepan reconocer los efectos económicos concretos del régimen jurídico, ya sea el que se origina en el proceso legislativo como el de las decisiones judiciales.
La formación de un abogado es generalmente técnica, se trata de adiestrar un especialista que pueda comprender la extensa normativa que surge de la legislación y de los precedentes judiciales. Debido a ello en muchos casos los abogados no perciben los efectos concretos de la aplicación de las normas dentro de la sociedad. Por otra parte muchos economistas se inician en una actividad de redacción de reglamentos, o peor aún, de legislación eficiencia del sistema como también de las posibles inequidades encubiertas que pueda contener.
Los estudios sobre el impacto del derecho utilizando técnicas económicas aplicadas pueden explicar porque las normas no siembre cumplen con el objetivo buscado. Se analizan los efectos no deseados y los efectos no buscados de las normas y pueden contribuir a la creación de un derecho más eficaz. La importancia que los altos funcionarios, jueces y abogados comprendan las teorías económicas de eficiencia no debe ser subestimada. En sus carreras futuras los estudiantes de derecho pueden participar en la toma de decisiones como legisladores, asesores gubernamentales o empresarios y como jueces. Todo decisor, político o judicial, debe estar informado de las consecuencias de sus decisiones en la sociedad. Muchas veces abogados y jueces buscan una decisión basada en la norma sin considerar el impacto económico que ese precedente puede tener al ser utilizado en otros casos. El estudio de Derecho y Economía también permite a abogados practicantes comprender el impacto de las normas legales en la situación comercial o patrimonial del cliente lo que permite dar un mejor asesoramiento. En particular en áreas del derecho público donde existe una activa reglamentación administrativa donde participan en las decisiones economistas y abogados, el estudio de Derecho y Economía les permite comprender más fácilmente las posiciones mutuas permitiendo una legislación más estricta en su redacción y al mismo tiempo que no tenga inconsistencias sobre sus objetivos.
Estas preocupaciones han llevado al establecimiento de una disciplina llamada originalmente “Law & Economics” que se estudia con programas similares en Estados Unidos y Europa. En el primer caso pueden mencionarse los centros de las Universidades de California en Berkeley y de la Universidad de Chicago; en Europa se han centralizado en la Maestría Europea de Derecho y Economía (The European masters in Law and Economics EMLE) que si bien tiene su sede en la Universidad de Hamburgo está distribuida para la enseñanza en diecinueve universidades europeas.
En la nueva tendencia estos estudios se han concentrado en las Facultades de Derecho.
Las normas jurídicas deben preocuparse tanto por la distribución equitativa del ingreso como por la eficiencia. Los fundamentos dados por la teoría económica deben seguir dos pasos, primero el ingreso debe ser ,redistribuido de la manera más deseable y justa; segundo los recursos atribuidos de la manera más eficiente preferentemente en respuesta a las fuerzas de la competencia. La redacción de normas prudentes debe ser el resultado de considerar ambos objetivos y no solo la eficiencia, esto constituye una tarea formidable.
Esta disciplina tiene su origen en la llamada escuela Institucionalista y la obra de John Comions en la primera mitad del siglo XX pero ha tenido una nueva difusión a través de la obra de la Escuela de Chicago en particular a la actividad realizada dentro de la Escuela de Derecho y fundamentalmente asociados a la personalidad de Richard Posner, pero sus creadores son de orígenes diferentes. Pueden citarse también juristas como Guido Calabresi y varios Premios Nobel como Ronald Coase, George Stigler, James Buchanan y Gary Becker. Una mención especial debe hacerse a la obra de Amartya Sen que ti-ata de relación de Ética y Economía.
El riesgo del enfoque económico del derecho es el de suponer que un principio económico tiene por sí un carácter normativo. Es decir que reglas como la eficiencia o la transparencia del mercado o la existencia de una crisis puedan por sí ser interpretadas como normas jurídicas. Esta posición supondría una ingenuidad en el análisis aunque puede vislumbrarse en las decisiones de ciertos funcionarios económicos. El estudio de derecho y economía como disciplina pretende evitar el llamado " imperialismo de la economía" en la frase de Posner.
En esta disciplina puede incluirse la utilización de la teoría de la organización para definir la aplicación de las normas de organización dentro del derecho constitucional. Tal el caso de los estudios realizados sobre la base de las teorías organizacionales de Herbert Simon para aplicarlos a las decisiones y organizaciones políticas por James March. De esta manera se pueden utilizar estas teorías para describir las normas de organización en las constituciones políticas.
Perfil del egresado:Al concluir esta maestría el estudiante tendrá una formación completa sobre la interacción entre la economía y el derecho, al mismo tiempo contará con una formación básica en ambas ciencias que le permitirá comprender las cuestiones jurídicas y los problemas económicos que se puedan plantear en su vida profesional aún en los casos que no sea sobre una de estas disciplinas su título de grado.

También los estudiantes tendrán la capacidad de comprender y desarrollar los modelos económicos sobre los incentivos que existen en la aplicación de las diferentes normas jurídicas, aún en temas tan diferentes como derechos patrimoniales, contratos, responsabilidad civil, derecho procesal o derecho penal.